El acceso de las mujeres a la justicia es esencial para cumplir una aspiración clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie atrás.
Sin justicia efectiva e igualitaria para las mujeres y las niñas, que constituyen más del 50 por ciento de la población mundial, el desarrollo sostenible e inclusivo seguirá siendo difícil de lograr. Muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos los relacionados con la educación, la salud y el trabajo digno, no pueden alcanzarse sin justicia para las mujeres.
El Grupo de Alto Nivel sobre Justicia para las Mujeres
La Agenda 2030 ha movilizado un compromiso político sin precedentes, que brinda la oportunidad de mejorar la justicia para las mujeres y las niñas. El Grupo de Alto Nivel fue convocado en mayo de 2018 por la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), ONU Mujeres y la iniciativa “Pioneros para sociedades pacíficas, justas e inclusivas” con objeto de propugnar la centralidad de las necesidades de justicia de las mujeres en la implementación, vigilancia y presentación de informes del ODS 16.
El Grupo de Alto Nivel sobre Justicia para las Mujeres constituye una canal decisivo a través del cual informar y enriquecer al Grupo de Trabajo sobre Justicia, iniciativa internacional establecida por los Pioneros para acelerar los avances en la meta 16.3 de la Agenda 2030, relativa al acceso a la justicia. Encargado de formular recomendaciones concretas sobre el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia, el Grupo de Alto Nivel desempeña la función de contribuir con una perspectiva de género a la labor del Grupo de Trabajo.
El Grupo de Alto Nivel se reunió por primera vez los días 28 y 29 de mayo de 2018 en La Haya, para hablar de las estrategias con que abordar la necesidad insatisfecha de justicia de las mujeres en todos los países e identificar obstáculos comunes y soluciones efectivas para acabar con la brecha de género en la justicia [véase el informe de la reunión inaugural (en inglés)]
Abrieron la reunión Sigrid Kaag, ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de Países Bajos y copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Justicia, e Irene Khan, directora general de IDLO.
En el curso de ella, los miembros del Grupo de Alto Nivel –autoridades gubernamentales, personalidades del mundo académico, agentes de las sociedad civil y líderes de organizaciones internacionales– destacaron la función que desempeña generando acción y compromiso político por medio de la expansión de las alianzas con redes regionales, asociaciones y organizaciones donantes.
El Grupo de Alto Nivel elaborará ahora un informe con recomendaciones de acción e inversión para mejorar la justicia para las mujeres, que se presentará durante el 63 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y contribuirá a la presentación del informe del Grupo de Trabajo sobre Justicia durante el Foro Político de Alto Nivel de julio de 2019, así como en la Asamblea General de la ONU de 2019.
Durante la reunión inaugural se distribuyó un documento informativo (en inglés) para su uso como punto de partida para el debate del Grupo de Alto Nivel y para facilitar la elaboración de su informe.
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Los miembros del Grupo de Alto Nivel son (por orden alfabético):
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La desigualdad de las mujeres y las niñas en la justicia
Existe una vinculación clara entre el género y la justicia, entre el ODS 5, sobre igualdad de género, y el ODS 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Así como la igualdad de género es indispensable para la existencia de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, basadas en el Estado de derecho, las mujeres y las niñas desempeñan una función decisiva en el surgimiento de instituciones equitativas e inclusivas. Al mismo tiempo, los sistemas de justicia efectivos son esenciales para capacitar a las mujeres para participar en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisiones y el desarrollo. La capacidad de acceder a la justicia es esencial para reclamar y hacer efectivos los derechos de las mujeres.
Sin embargo, existe una diferencia enorme entre la promesa de justicia del ODS 16 y las realidades vitales de las mujeres y las niñas, entre lo que las mujeres y las niñas necesitan y quieren cuando piden justicia y la justicia que reciben.
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La legislación discriminatoria por motivos de género en el mundo En todo el mundo, 104 economías tienen todavía leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados sectores, como la minería, la manufactura y la construcción. Sólo el 40 por ciento de las economías exigen la misma remuneración por el trabajo del mismo valor. Hay 45 economías que no tienen leyes específicas sobre la violencia intrafamiliar, y 59 no tienen leyes sobre el acoso sexual en el trabajo. La dominación masculina en las relaciones familiares también queda patente en los datos, que muestran que en muchas economías las mujeres no pueden solicitar el pasaporte, ser cabeza de familia o viajar en condiciones de igualdad con los hombres Véase el documento informativo del Grupo de Alto Nivel (en inglés) para más datos sobre la desigualdad de las mujeres y las niñas en la justicia |
Hay cada vez más datos que apuntan a la existencia de graves desigualdades a la hora de garantizar protección jurídica a las mujeres y las niñas, en especial a las afectadas por conflictos o crisis humanitarias. Los marcos jurídicos y las normas sociales discriminatorios por motivos de género pueden constituir graves impedimentos para la administración de justicia a las mujeres. Incluso cuando hay leyes sensibles al género, su aplicación suele ser deficiente, debido a diversos factores técnicos, económicos y políticos. Cuando no se tiene en cuenta la interacción entre las leyes y regulaciones y las instituciones encargadas de su aplicación y su impacto colectivo en los derechos de las mujeres surgen dificultades.
Por ejemplo, las regulaciones obligan a menudo a presentar un documento nacional de identidad, un certificado de nacimiento o unas escrituras expedidas por la oficina del registro de la propiedad para conseguir los derechos sobre las tierras, el título de propiedad y su registro. Estos certificados y escrituras suelen ser inaccesibles para las mujeres de entornos rurales o pobres, que tienen limitaciones de tiempo, dinero y acceso a los establecimientos y redes.
La ineficacia y la falta de respuesta de los sistemas judiciales, sumadas a los prejuicios de género, las barreras socioeconómicas y el acceso limitado a información y asistencia, pueden impedir aún más a las mujeres reclamar sus derechos y obtener reparación.
Además, un alto porcentaje de las mujeres del mundo acceden a la justicia por medio de mecanismos consuetudinarios o informales de justicia que suelen tener prejuicios contra ellas y, no obstante, dictan sentencias en asuntos que afectan más a las mujeres que a los hombres, como la herencia, la propiedad o la violencia intrafamiliar.