El comercio puede ser una contribución importante para el desarrollo sostenible, pero se necesitan soluciones legales innovadoras que garanticen que los más pobres del mundo accedan de manera justa a sus beneficios, según palabras de Irene Khan, Directora General de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO, por sus siglas en inglés). Esta afirmación se hace mientras representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil y expertos se reúnen en Roma invitados por la IDLO para participar durante dos días en una mesa redonda sobre “Desarrollo Económico Sostenible, el Comercio Justo y el Derecho”.
El comercio justo ha crecido hasta convertirse en un mercado importante, valorado aproximadamente en 6 billones de dólares estadounidenses en 2010, permitiendo a comunidades locales de países en desarrollo y a Pequeñas y Medianas Empresas que participen en la economía global y apoyando al mismo tiempo el desarrollo social y la protección del medioambiente. La tendencia positiva de las ventas de comercio justo se confirma incluso en tiempos de crisis económica global, como se refleja en un reciente informe de Fairtrade International.
Sin embargo, la mayoría de las comunidades –especialmente las que se encuentran en lugares más remotos - tienen que hacer frente a serias barreras para acceder a los mercados de comercio justo. Estas a menudo tienen su origen en los sistemas de gobernanza e incluyen, por ejemplo, regulaciones restrictivas de las licencias de exportación, falta de servicios legales para registrar cooperativas y pequeños negocios, una débil aplicación de los estándares sociales y medioambientales, y un difícil acceso al crédito.
“Las leyes pueden ser un obstáculo, pero también tienen un papel crucial a la hora de crear un sistema de comercio aún más justo, equitativo y accesible, un sistema que de apoyo y facilite el comercio justo por los beneficios para el desarrollo que este puede ofrecer,” asegura Khan. “Nosotros creemos que normativas multifacéticas, adecuadas a cada contexto, nacidas de procesos consultivos con las comunidades productoras, pueden ayudar mucho a promover el acceso a los mercados de comercio justo.”
Un programa de IDLO ayudó a dos comunidades indígenas –Rumicorral y Ambrosio Lasso - en la región montañosa de Chimborazo, en Ecuador. El programa es un ejemplo de como el conocimiento de los derechos constitucionales y el acceso a los servicios legales y a la formación pueden contribuir a sacar a las comunidades de la pobreza mediante el acceso a los mercados de comercio justo.
“Estas dos comunidades tenían índices de pobreza muy por encima de la media nacional y, dado su emplazamiento remoto, no podían vender sus productos directamente, quedando así a merced de los intermediarios,” explica Khan.
Mediante un proceso participativo, los miembros de la comunidad identificaron sus propias necesidades, incluyendo la formación sobre como constituir cooperativas y asociaciones de microcrédito, que las hará más fuertes frente a los intermediarios comerciales, y les ayudará a acceder a nuevos mercados.
PRESS RELEASE “Las comunidades indígenas a menudo se ven excluidas de los proyectos de desarrollo con una discriminación transgeneracional que promueve la disparidad económica,” afirma Rodrigo Naranjo Guamán, un abogado indígena local que formaba parte del equipo de IDLO.
“La primera fase del proyecto ha dado a estas dos comunidades la esperanza de poder ser finalmente escuchadas, de que sus necesidades sean tenidas en cuenta,de poder tener un papel activo en el diseño de un futuro mejor y entrar en el mercado del comercio justo, creando nuevas oportunidades económicas para los y las jóvenes de la comunidad.”
